Anthropologies → María tiene 42 años. María ha trabajado toda su vida como cajera en una conocida cadena de supermercados de donde fue despedida hace ya dos años tras haberse acogido a la reducción de jornada por Guarda Legal para cuidar de sus dos hijos, que actualmente tienen 5 y 8 años. Su marido trabajaba en la

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María tiene 42 años. María ha trabajado toda su vida como cajera en una conocida cadena de supermercados de donde fue despedida hace ya dos años tras haberse acogido a la reducción de jornada por Guarda Legal para cuidar de sus dos hijos, que actualmente tienen 5 y 8 años.

Su marido trabajaba en la Construcción, pero tras la crisis perdió el trabajo y, aunque ya ha agotado todas las prestaciones, ahora hace trabajos puntuales en días sueltos con una empresa que le va llamando según las necesidades del servicio. Pese a que los ingresos son constantes, sus nóminas jamás superan los 600€.

María acaba de agotar la prestación por desempleo y no encuentra trabajo. En la oficina del INEM le acaban de informar de que tendrá que esperar un mes completo antes de poder solicitar el Subsidio Extraordinario por Desempleo, por la que cobraría 430.27€.

La familia perdió la vivienda familiar hace aproximadamente un año al no poder hacer frente a la hipoteca. Intentaron acceder a las viviendas de Alquiler Social pero aún siguen en lista de espera, por lo que ahora deben hacer frente a un alquiler de 600€ por un piso de 2 habitaciones en Leganés. Los gastos asociados a la casa (luz, gas, agua…) oscilan entre los 150 y los 250 euros en verano/ invierno.

A estos gastos habría que añadirle los gastos de alimentación, que apenas alcanzan los 250€ mensuales, muy por debajo de los 647€ que la Comisión Europea considera necesarios para llevar una alimentación saludable en una familia formada por una pareja y dos menores.

María y su familia no tienen coche. No fuman, no van a bares ni comen fuera, y no se van de vacaciones. No tienen internet en casa y apenas mantienen una línea de teléfono cada uno para poder comunicarse en caso de emergencia. Por este servicio pagan al mes unos 20€. No pueden quitarse más gastos: recurren a los Servicios Sociales para que les proporcionen ayudas en alimentación, ropa y libros de texto para los niños, y a la solidaridad vecinal (dentro de una relación de reciprocidad) en casos de emergencia.

Hasta ahora, habían sobrevivido completando sus ingresos con los pocos ahorros que María podía tener; pero estos se han acabado.

Ahora deben hacer frente a un mes sin los ingresos de María, y al menos otro más desde que pueda tramitar el subsidio y finalmente se lo concedan y llegue a cobrarlo.

Adelantándonos un poquito en el tiempo, sea como fuere la familia consigue sobrevivir gracias a que, durante estos dos meses que han tardado en empezar a percibir el subsidio, la Trabajadora Social que les atiende les ha concedido una ayuda de emergencia para poder hacer frente al pago del alquiler y manutención, y han estado acudiendo a los Comedores Sociales, aunque han tenido que dejar un par de facturas sin pagar. Les han cortado el teléfono.

Finalmente, llega la tan ansiada ayuda, y María recibe una oferta de empleo del INEM con las siguientes características: dos horas de clase en horario de tarde- noche, cuatro días a la semana, en una población cercana a Madrid Capital. El sueldo neto es de 320€ al mes, lo que le va a suponer una nueva merma de ingresos, por no contar los gastos del abono de zona B1 que va a necesitar para acudir, con un coste de 63.7€ mensuales. Además, ahora deberá dedicar largo tiempo a los desplazamientos, y sufrirá la incompatibilidad con los horarios escolares, al tratarse de un horario nocturno, que además retrasará el transporte de vuelta puesto que en dicha franja horaria disminuye la frecuencia de paso de trenes y autobuses.

María ha de aceptar dicha oferta dado que de lo contrario dejará de recibir el Subsidio.

María no existe, pero podríamos ser cualquiera.

Los Subsidios por desempleo, Rentas Activas de Inserción, Subsidios Extraordinarios por Desempleo, Rentas Mínimas de Inserción, nos han sido vendidos como recursos extraordinarios de protección en el sistema de la Asistencia Social; algunos todavía se atreven a decir que corresponde a un Estado Proteccionista.

Lejos de ello, la transformación que viene sufriendo el Estado del Bienestar en los últimos tiempos se ajusta a lo que se conoce como Workfare, traducido como Estado del Trabajo.

El término fue introducido por primera vez por el líder de los derechos civiles James Charles Evers en 1968; sin embargo, fue popularizado por Richard Nixon en un discurso televisado en agosto de 1969.

En su concepción teórica más estricta, la diferencia con los sistemas tradicionales sociales es que en estos las prestaciones suelen otorgarse en función de ciertas condiciones, como la búsqueda de trabajo o el cumplimiento de criterios que posicionarían al receptor como no disponible para buscar empleo o ser empleado. Por el contrario, en el Workfare, además de cumplir con dichos requisitos, los destinatarios deben participar para continuar recibiendo sus beneficios mediante una combinación de actividades que tienen como objetivo mejorar las perspectivas laborales del beneficiario (como capacitación, rehabilitación y experiencia laboral) y aquellas designadas como contribuyentes a la sociedad (como el trabajo no remunerado o de baja remuneración).

La práctica dista mucho del ideal teórico: el tipo de trabajo ofrecido por los proveedores de planes de trabajo generalmente no es calificado y es comparable al trabajo comunitario realizado por delincuentes que son castigados en los esquemas de servicio comunitario. Igualmente, muchas organizaciones benéficas y sindicatos de trabajadores han criticado los esquemas de trabajo por socavar el trabajo realizado por voluntarios caritativos reales y por actuar como una amenaza para los trabajadores no calificados que reciben una baja remuneración.

Esta definición estricta deja fuera el resto de implicaciones que conlleva, en la práctica, la implantación real del Workfare más allá del trabajo precario y obligatorio, y que analizaremos a continuación: la falta de cobertura universalista de las prestaciones; la insuficiencia de las mismas; el control, la criminalización y la penalización de la pobreza; la manipulación de las estadísticas de pobreza y desigualdad; y el encubrimiento del verdadero beneficiario de este sistema: el empresario y, en consecuencia, el Capital.

El acceso a prestaciones como la RMI es, en palabras de Félix Talego, profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla, “una carrera de obstáculos humillante”: frente a los subsidios contributivos, cuyo cobro es automático e individual con independencia de la situación familiar, patrimonio, etc.; las rentas no contributivas están a merced de una serie de condicionantes familiares que han de ser demostradas reiteradamente, lo que conlleva un costo en personal y burocracia para controlar el fraude.

Además, el profesor Talego sostiene que su funcionamiento es deficiente de manera intencionada: para que no dejemos nuestros trabajos, deben funcionar muy mal; se debe cobrar una miseria, y es necesario volver a demostrar que se es pobre de solemnidad con frecuencia: todo un laberinto de exigencias no tanto porque no haya dinero, ya que no variaría un ápice la estructura del gasto del Estado si estas cosas se solucionaran, sino a modo de castigo que «tienen que recibir» quienes no están empleados.

Otro aspecto controvertido es la condicionalidad de este tipo de prestaciones, de lo que deriva lo que se ha venido a conocer como “la trampa de la pobreza”: la dificultad para llegar al conjunto de la población beneficiaria potencial o al conjunto de las personas en situación de vulnerabilidad social, la estigmatización, el control sobre las personas beneficiarias o el coste administrativo.

En el caso particular de las RMI, cuya regulación se reserva a las Autonomías, estas no son consideradas como un derecho subjetivo y, por lo tanto, dependen de la voluntad política y presupuestaria. Para un 80% de la población española no existen programas de RMI: en 2004, la recibían solo 7 de cada 1000 familias, siendo 2 de cada 100 personas beneficiarias procedentes del País Vasco.

En cuanto a aspectos como cuantía de la dotación, esta no es capaz de garantizar una vida digna, tal como denuncia Asociación de ONG europea Solidar: “las RM en el mejor de los casos significan una inclusión mínima y no plena que no garantiza una integración social real” (Solidar, 2006). Asimismo, la heterogeneidad de las personas beneficiarias exige, a su vez, una gran diversidad en las respuestas y los procesos de inserción, y esto dificulta enormemente la puesta en marcha de dichos procesos.

La principal contradicción que subyace en el concepto del Estado del Workfare proviene de que son los mismos –países, partidos, políticos y profesionales– que militaban en favor del «Estado mínimo» en lo que se refería a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, los que exigen hoy con igual fervor «más Estado» para enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas, en las regiones inferiores del espacio social, de la desregulación del trabajo asalariado y del deterioro de la protección social, mediante por un lado el control de la pobreza, a través del trabajo precario obligatorio, y la criminalización de la pobreza, por el otro lado, responsabilizando a la persona y obviando las coyunturas socio-económicas en aras del logro personal a modo de apología del individualismo.

En 1984, Charles Murray, politólogo de mediocre reputación, publica “Losing Ground”, la obra que serviría de «Biblia» a la cruzada de Ronald Reagan contra el Estado providencia.’ Según este libro, aparecido en el momento oportuno para dar un aval pseudo-científico a la enérgica política de descompromiso social, la excesiva generosidad de las políticas de ayuda a los indigentes sería responsable del ascenso de la pobreza en los Estados Unidos: recompensa la inactividad e induce la degeneración moral de las clases populares, y en especial esas uniones «ilegítimas» que son la causa última de todos los males de las sociedades modernas, entre ellos las «violencias urbanas». George Gilder, en quien Murray fundamenta su discurso, sostenía que el origen de la miseria se encontraba en «la anarquía familiar entre los pobres concentrados en la Inner City» y alimentados por las ayudas sociales, cuyo efecto es pervertir el deseo de trabajar, socavar la familia patriarcal y erosionar el fervor religioso, que son desde siempre los tres resortes de la prosperidad. (Wacquant, 2000, págs. 25- 26)

La malversación de los datos y estadísticas sobre la desigualdad y la pobreza, dado que estos trabajadores “forzados” pasan a engrosar las filas de los empleados, pese a que su situación real pueda estar lejos incluso de la subsistencia. (Si quieres leer más al respecto puedes consultar este artículo: https://anthropologies.es/que-el-paro-va-bien/)

Las subvenciones a la contratación no son sino el gran timo de la historia económica: “Las subvenciones laborales, incluidas las reducciones en el impuesto sobre la renta y subvenciones marginales al empleo, son también en realidad subvenciones al capital que permiten a las empresas obtener mayores beneficios y pagar salarios más bajos. No tienen justificación económica ni favorecen una mayor igualdad social” (Standing, 2013, pág. 96)

La instauración del llamado trabajo asalariado flexible como verdadera norma de empleo e incluso de ciudadanía, mediante el establecimiento conjunto de programas de trabajo forzado (Workfare) para los receptores de ayudas se viene defendiendo desde la óptica de la estimulación de la producción de riquezas y la creación de empleos, obviando las consecuencias sociales devastadoras del dumping social que implican: en este caso, la precariedad y la pobreza masivas, la generalización de la inseguridad social en el corazón de la prosperidad recuperada y el crecimiento vertiginoso de las desigualdades que alimentan la segregación, la criminalidad y el desamparo de las instituciones públicas. Los frutos del crecimiento económico son, sin embargo, acaparados por una minúscula capa de privilegiados: en Estados Unidos el 95 por ciento del excedente de 1,1 billón de dólares generado entre 1979 y 1996 fue a parar al bolsillo del cinco por ciento de los estadounidenses más ricos. De tal modo, la desigualdad de los salarios y los ingresos, lo mismo que la de los patrimonios, está hoy en su nivel más alto desde la Gran Crisis. Como consecuencia, los dirigentes empresarios ganan hoy 419 veces más que los trabajadores manuales, contra «sólo» 42 veces más hace una década. Esta diferencia se eleva en la actualidad a veinte a uno y a 35 a uno en Japón y Gran Bretaña, respectivamente. (Wacquant, 2000, pág. 85-87)

Que alguien le explique a María que, si este mes no come, es culpa suya.

Cristina GH