Anthropologies → “Esto es un negocio, no es justicia. No importa si eres inocente o no. Aunque estoy seguro de que quieren coger a los asesinos, no deja de ser negocio. La pena de muerte tiene un coste anual de cincuenta y cinco millones de muerte. Cuesta más ejecutar a una persona que mantener a tres presos

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“Esto es un negocio, no es justicia. No importa si eres inocente o no. Aunque estoy seguro de que quieren coger a los asesinos, no deja de ser negocio. La pena de muerte tiene un coste anual de cincuenta y cinco millones de muerte. Cuesta más ejecutar a una persona que mantener a tres presos durante el resto de su vida. Podrían utilizar ese dinero para tener más policías en la calle, más bomberos, más maestros, pero ellos lo utilizan para matar. Yo nunca he creído en la pena de muerte y eso que no entiendo cómo la gente puede violar o matar a niños. Si tú basas la ley en que ilegal matar, no puedes romper tu propia ley para castigar. Tú eres el Gobierno, debes ser mejor que los criminales”

Empiezo con este párrafo del libro “En el corredor de la muerte” de Nacho Carretero, porque me parece que ilustra muy bien cómo funciona y es el sistema judicial y penitenciario en los Estados Unidos.

A finales de noviembre de este año, ha comenzado de nuevo el juicio de Pablo Ibar. La vista oral comenzó el uno de octubre bajo la presidencia del juez Dennis Baili. La celebración de este nuevo juicio fue ordenada por la Corte Suprema de Florida, cuando en 2016 anulo la condena a muerte que pesaba sobre Ibar desde el año 2000.

Pablo Ibar nació en Fort Lauderdale. Es sobrino del fallecido boxeador vasco José Manuel Ibar “Urtain” y su padre, Cándido Ibar Azpiazu, conocido pelotari, emigró a Florida (EE.UU) en 1968 para jugar allí en el Frontón de Dania Beach, ciudad perteneciente al Condado de Broword (Miami). Allí conoció a su mujer, Cristina, fallecida años después por cáncer, con quien tuvo a Pablo y a Michael.

Pablo era un niño sociable, de hecho, tenía muchos amigos, era muy movido, travieso y muy deportista. Quería mucho a su hermano Michael y le defendía cuando tenía algún problema. Creció en los años ochenta cuando empezaban a surgir las primeras pandillas y el sesgo por el origen era un factor importante para encontrar el sitio al que pertenecer.

En este ambiente, el deporte fue su salvavidas. En esos años ya era muy bueno y eso le sirvió para enfrentarse a la separación de sus padres, la caída del negocio familiar y la vuelta a los frontones de su padre. En ese tiempo su padre conoció a Paula, su actual mujer. Trabajaba como camarera y tenía dos hijos. En los años siguientes Cándido y Paula se casaron y se trasladaron a vivir a Connecticut, mientras que Pablo y su hermano se quedaron a vivir con su madre en Miami.

En casa todo iba bien y la relación con Paula y sus hijos era buena. Pero en las calles las cosas empezaron a torcerse. En ese escenario Cándido empezó a preocuparse y vio en el deporte y en el incipiente auge por las apuestas entorno al Jaialai (fiesta alegre en euskera), una solución para Pablo, ya que este vivía ociosamente en Miami con su madre. Además, fue una forma de esquivar el reclutamiento en la guerra del Golfo, que parece que se cebó en aquellos jóvenes sin actividad.

Y fue allí, en el frontón de Connecticut, donde Pablo empezó a entrenar y a pensar en ser pelotari profesional. Tenía cualidades, era fuerte, rápido y preciso, en una palabra, tenía futuro como pelotari. Pero hubo dos sucesos que precipitaron la vuelta de Pablo a Miami y dejar aquel futuro tan prometedor: por un lado, la llamada de su madre Cristina, que tenía cáncer, con mal pronóstico, falleció en enero de 1997, y el accidente que sufrió en el frontón, cuando recibió un pelotazo en la ceja en el verano de 1993 que obligó a darle puntos y que le dejó una cicatriz visible hoy en día.

Tenía 21 años cuando volvió a Miami y en ese tiempo empezó a frecuentar a los Zulús, una pandilla que trapicheaba con droga. Aunque él nunca perteneció a ella, sí que trapicheó con cocaína, fumaba marihuana y tenía un arma, que solía llevar, aunque nunca utilizó. Por alguna razón se alejaba de los líos, ya que en algún momento tenía en mente volver a ser pelotari. Tiempo después le pasaría factura.

Por aquel tiempo conoció a Tanya Quinones, su mujer. Tanya era una chica estudiosa, empática y que le gustaba ayudar a los demás. Fue en una fiesta donde se conocieron, y aunque la primera impresión que se llevó sobre Pablo no fue positiva, conectaron enseguida cuando fueron presentados. A partir de ese día empezaron a quedar y, aunque sus amigos no eran de su agrado, tampoco veía nada preocupante en ellos y en sus actitudes.

Pablo cometió errores como muchos otros en aquella época que buscaban su camino. El de Pablo se rompió, no así el de algunos amigos. Ocurrió el 26 de junio de 1994.

En ese tiempo Pablo se había ido a vivir fuera de casa con un amigo colombiano, Alex Hernández. La noche del 26 de junio de 1994 estaba tomando algo con Natasha McGloria y luego paso la noche con Tanya, con la que ya salía, en su casa. Aquella misma noche fueron asesinados Casimir Sucharski, propietario del local “Casey’s Nickeledeon”, Sharon Anderson y Marie Rogers, ambas amigas de 25 años. Sucedió en casa de Casimir, en Miramar, cerca de Miami. Los autores huyeron en el coche de este, quemándolo poco después a las afueras de la ciudad. Los asesinatos quedaron grabados en una cámara de videovigilancia situada en el salón de la casa.

Una cadena de errores llevó a la detención de Pablo y de su amigo Seth Peñalver un mes más tarde. Una vez en comisaría, la investigación los relaciona con los asesinatos. Una de las pruebas es el parecido de uno de los autores que aparece en las imágenes del video de la cámara de la casa de Sucharski. Cuatro semanas más tarde, Pablo y Seth fueron imputados formalmente de los asesinatos.

En esos momentos, empieza para Pablo una lucha en los tribunales para defender su inocencia. Todos los juicios a los que se ha tenido que enfrentar Pablo hasta la fecha, cuatro con el actual, no han ofrecido pruebas claras con las que poder probar su culpabilidad.

De hecho, el juicio celebrado en 1998, el jurado del Condado de Broward por votación 10 a 2 no pudo llegar a un veredicto unánime de culpabilidad y el juez declaró nulo el juicio al no haber pruebas dactilares, ni de ADN. En 1999 se reabre la causa y hay un nuevo juicio donde se les encuentra culpables de los asesinatos y el 28 de agosto de 2000, son condenados a pena de muerte.

En septiembre de 2001 se interesó por el tema Andrés Krakenberger, entonces presidente de Amnistía Internacional en España. Se crea la Fundación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar.

A partir de ahí les sigue un largo proceso judicial con apelaciones y nuevo juicio, sin que se presenten pruebas concluyentes. En 2003 con Peter Raben como abogado, presentan una apelación en el juzgado de Tallahassee. En 2006 el juez acepta el recurso para repetir el juicio, que es desestimado por el jurado. Ese mismo año, el Supremo de Florida anula la condena a muerte tanto a Pablo como a Seth y ordena un nuevo juicio. Poco después, Seth quedaría libre de todo cargo y Pablo seguiría en prisión a la espera de un nuevo juicio.

En este nuevo juicio que ha empezado en noviembre, la defensa intentara invalidar de nuevo las pruebas presentadas, durante todos estos años y que ninguna le lleva a ser inculpado en los asesinatos. Las pruebas presentadas son de dudosa calidad o se han pasado por alto detalles que podrían haber exculpado a Pablo.

Por ejemplo, la noche del suceso, se sabe que Pablo pasó la noche con Tanya. Su prima al descubrirlo llamo a su madre Alvin a Irlanda, donde se encontraba por negocios. La llamada quedo grabada, pero no parece haberse tenido en cuenta. La afirmación de que Sucharski tenía conflictos con otras personas, como por ejemplo Krystal Fisher, empleada del local y que había estado involucrado en varios tiroteos, tráfico de armas y cocaína. La declaración del testigo Gary Fox, que dijo haber visto a Pablo Ibar en el asiento del copiloto del coche de Sucharski, pero que en realidad fueron unos segundos, a través del retrovisor y los cristales eran tintados. Aun así lo interrogaron y le hicieron pasar por una identificación, donde no reconoce a nadie. Entre las fotos estaba el retrato de Pablo. La policía insiste en que tiene que señalar a alguien y Fox elige un retrato que no era el de Pablo. En una segunda ronda, le animan a volver a señalar y entonces señala a Pablo, pero dijo que no estaba seguro. Más irregular no pudo ser la identificación.

Por no hablar de las pruebas estrella, que son la cinta de video y la prueba de ADN encontrada en una camiseta que dejo uno de los autores en la casa y con la que se quitó el sudor. Dicha acción es la que capta la cámara de vigilancia, y en la que se le ve la cara a uno de los autores. La imagen de la cara tiene gran parecido con Pablo y la acusación sostiene que es él pese a que el especialista en Antropología forense, Metmet Iscan le dijo a Kayo Morgan, que las características del individuo del video y las de Pablo no coincidían. Además, la calidad del video es muy mala.

La defensa intentara invalidar esta prueba y sostener que no es Pablo, a través de un estudio de características morfológicas y físicas. Para ello han contratado a un experto, Raymond Evans, que después de estudiar la imagen, afirma que la calidad de esta, la escasez de imágenes fijas y las diferencias entre ambos (la cicatriz en la ceja, la forma de la boca, barbilla,…) asegura que no corresponde con Pablo. Pese a todo, el juez ha permitido ahora mostrar una versión mejorada sin que estuviera presente el perito del FBI que realizó las mejoras, lo que ha privado a la defensa cuestionar la metodología utilizada.

En cuanto al ADN de la camiseta, en 2009, Waxman el abogado de Pablo, ante una llamada realizada a un programa televisivo asegurando que el asesino es un preso llamado William Ortiz, pide nueva prueba y cotejo del ADN y huellas dactilares del sospechoso. Pero el resultado es negativo, no son las huellas de Ortiz. En este nuevo juicio, y después de dos décadas y tres juicios sin absolutamente nadie, aportará una sola prueba de ADN, en 2016 la acusación dijo haber hallado una partícula con un rastro genético de Pablo en la camiseta. La defensa ha restado valor a esta prueba ya que no sería admitida porque no es concluyente. El rastro genético hallado solo ha dado positivo en cinco loci, un valor genético que en circunstancias normales llevaría a cualquier juez a rechazarlo como prueba determinante.

Un locus (loci en plural) es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o marcador genético, en este caso. Para dar valor a esta prueba deberían de coincidir entre 13 y 15 loci y considerar que la porción examinada corresponde, sin posibilidad de error, con la de la persona a la que pertenece la muestra.

Pero lo que llama más la atención, o por lo menos desde mi punto de vista, es el tratamiento dado a raíz de lo que supuso el primer abogado defensor de Pablo, Kayo Morgan. Fue un desastre, estaba enfermo y a partir de ahí, la defensa fue incapaz de presentar pruebas sólidas. Años después firmaría una carta reconociendo y asumiendo que durante el juicio no estuvo en condiciones físicas ni psicológicas (tenía problemas con su esposa drogadicta) y que ello mermó la eficacia de su defensa.

El juez en todo momento negó el cese del abogado ¿por qué? Esto supone una vulneración a una defensa eficaz y el derecho a un juicio justo, en un país que se supone “evolucionado” y con plenas garantías para sus ciudadanos.

En 2006 el Tribunal admitió que en el juicio en el que se le condenó a Pablo, las cosas no se hicieron de forma justa. Reconoció que la manera en que la policía había llevado a cabo las identificaciones fue irregular. La policía no escatimó en las formas para poder captar algún testigo. De hecho, interrogaron a Cristina, donde la hicieron firmar un papel donde ponía que el rostro que se veía en el video era el de Pablo. Le hicieron preguntas poco claras como “¿Esta persona le recuerda a Pablo? Le dijeron que era puro trámite.

Jean Klimezako, el canadiense que estaba en su casa identificó a Pablo. Años después afirmó que aquella mañana estaba muy drogado y que no recordaba nada y en una investigación llevada años más tarde por Seth Peñalver, se descubrió que Jean había recibido dinero por la confesión. Pese a todo, se consideró que seguía habiendo pruebas suficientemente estables para mantener la condena.

La ley en Estados Unidos permite condenar a pena capital (en los Estados que está vigente), aunque no haya pruebas de ADN, huellas dactilares o sangre que coincidan con las muestras del sospechoso. Todo depende de lo que el jurado considere. El jurado está compuesto por entre 16 y 23 ciudadanos, cuya obligación es votar después de analizar las pruebas respecto a un cargo penal propuesto y determinado si las pruebas son suficientes para condenarlo. Se deben basar solo en las pruebas que se presentan en los juicios (bueno, todos sabemos cómo funcionan más o menos, hemos visto muchas películas americanas de juicios), si llegan a estar convencidos de que el acusado cometió el delito que se le imputa, pero determinan que las pruebas presentadas por la parte acusatoria no prueban su culpabilidad y dan lugar a una duda razonable, deben declararle inocente. Pero sabemos que esto muchas veces no es así y que existen muchos sesgos y prejuicios en el sistema de justicia americano.

Además, las prisiones estadounidenses están concebidas como lugares únicamente de castigo. A diferencia de lo que impera en Europa que son la reinserción, resocialización y rehabilitación de las personas presas en ellas. En Estados Unidos la rehabilitación por ejemplo no es un objetivo, por lo que no existen los permisos penitenciarios y las visitas son más bien reducidas. La idea es que el preso cumpla un castigo ejemplar que le sirva como escarmiento. Además, como hemos especificado en el primer párrafo de este artículo, la justicia en ese país es un negocio. Simplemente la defensa por salir del corredor de la muerte cuesta aproximadamente 500.000 dólares y a veces más, por lo que dependiendo de la situación económica del acusado o de la de su familia, no podrá costearla.

En el caso de Pablo, su padre emprendió varias campañas en el País Vasco para recaudar fondos suficientes para poder tener una defensa justa. A la cabeza de esta, está desde 2008 Benjamin Waxman, que en este nuevo juicio intentara invalidar las pruebas anteriormente comentadas y que hasta ahora, ninguna es incriminatoria.

En el tiempo en que lleva el juicio celebrándose, aproximadamente dos semanas, se han caído ya dos jurados, uno por dormirse en la sala y otro por enfermedad. Además, uno de los policías que entonces investigó los asesinatos, Paul Manzella, en sus declaraciones ha caído en varias contradicciones.

Pablo ha mantenido siempre que es inocente y solamente pide un juicio justo. Esperamos que en este se aclare lo que realmente sucedió. Si es culpable, tendrá que pagarlo con la cárcel, nunca con una pena de muerte. Si por fin le declaran inocente saldrá de la cárcel después de más de 18 años preso.

Puedes seguir el caso en su web: www.pabloibar.com

Amaia Castresana Palma