Decir que las personas sin hogar están excluidas de la sociedad es una forma suave de nombrar una realidad que, en el fondo, equivale a una especie de exilio interior. No hablamos únicamente de pobreza, ni siquiera de marginalidad urbana, sino de una fractura estructural en el vínculo social. Las personas sin hogar —ese eufemismo que evita nombrarlas como lo que realmente son para la mayoría: una molestia urbana, un fallo en el decorado de la ciudad ordenada— no viven simplemente fuera del sistema: viven dentro de él, pero bajo las condiciones de la invisibilidad, la sospecha y la penalización.
A lo largo del territorio español, cada noche, miles de cuerpos duermen al raso o en refugios temporales. Están presentes y ausentes al mismo tiempo. Los vemos pero no los miramos. Están ahí, en los márgenes de nuestras aceras y también en los márgenes de nuestra conciencia moral. Sin domicilio, sin nombre muchas veces, sin papeles o sin acceso a derechos básicos, sin techo y sin historia reconocida por las instituciones, estos individuos encarnan una de las formas más radicales de desposesión contemporánea. No tienen lo que Hannah Arendt llamó “el derecho a tener derechos”: no por una negación formal, sino por una erosión práctica de todo aquello que hace que una vida sea tratada como vida digna de ser vivida.
España no es ajena a esta forma de exclusión social radical. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, hay cerca de treinta mil personas sin hogar que han sido atendidas en algún recurso asistencial. Pero esta cifra es solo la punta del iceberg: no incluye a quienes rechazan los refugios por miedo, por traumas previos, por falta de privacidad o simplemente porque la dignidad no cabe en un catre compartido bajo vigilancia. Según organizaciones como Cáritas o la Fundación Hogar Sí, hay miles más que no aparecen en los registros, que no figuran en ninguna base de datos porque no están empadronadas, porque viven en asentamientos informales o en vehículos, o porque su existencia fluctúa entre casas de conocidos y la calle, en una forma de nomadismo forzado que impide toda estabilidad.
Este fenómeno ha crecido en los últimos años. Entre 2012 y 2022, el número de personas sin hogar atendidas aumentó un 24,5 %. Las causas son múltiples y no pueden reducirse a narrativas simplistas. No se trata de individuos fracasados, ni de meros efectos colaterales de una economía despiadada. Se trata, más bien, de víctimas de una concatenación de factores estructurales: el colapso del acceso a la vivienda asequible, los desahucios silenciados, el desempleo crónico, los procesos migratorios desatendidos, las enfermedades mentales sin tratar, las rupturas familiares, la violencia. Pero también, y sobre todo, se trata de personas cuya existencia no encuentra espacio en el relato meritocrático del éxito individual. Son el otro de la modernidad urbana: no el marginado romántico, sino el sobrante del sistema.
El tratamiento institucional del sinhogarismo en España oscila entre el asistencialismo y la omisión. Existen albergues, programas de atención, planes de inserción laboral. Se han creado recursos y recientemente se ha aprobado una Estrategia Nacional para la lucha contra el Sinhogarismo 2023‑2030, que tiene como objetivo reducir casi por completo las situaciones de calle involuntarias. También se ha aprobado, por primera vez, una ley estatal que reconoce el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, al menos en el plano declarativo. Todo esto representa un avance normativo, pero en la práctica cotidiana se imponen los límites del presupuesto, de la voluntad política, y del propio diseño de los dispositivos. Porque los albergues no son hogares, y la política de emergencia no basta para reparar vidas quebradas. Porque el sinhogarismo no se resuelve con mantas ni sopas calientes, sino con políticas públicas estructurales que apunten al derecho a la vivienda, a permanecer, a reconstruir vínculos rotos.
Además, muchas ciudades españolas han desarrollado ordenanzas de “convivencia” que, en la práctica, penalizan la existencia misma de las personas sin hogar. Dormir en la vía pública, pedir limosna, instalarse con cartones o mantas en espacios comunes, puede ser motivo de multa o desalojo. Esta lógica punitiva, heredera de una visión higienista del espacio urbano, convierte a las víctimas en infractores, y a la pobreza en una cuestión de seguridad pública. Se desplaza el problema en lugar de resolverlo; se borra su presencia sin atender su causa. En lugar de derechos, se ofrecen protocolos. En lugar de vivienda, se proponen desplazamientos. El resultado es una suerte de nomadismo forzado, una errancia urbana que convierte a las ciudades en territorios hostiles para quienes no tienen casa, y donde la movilidad no es libertad, sino imposición.
Desde una perspectiva antropológica, el sinhogarismo interpela las nociones mismas de ciudadanía, comunidad y humanidad compartida. ¿Qué define a una sociedad si no la forma en que trata a quienes han perdido todo? ¿Qué tipo de contrato social mantenemos si miles de personas sin hogar pueden vivir entre nosotros sin derechos, sin voz, sin rostro? La ciudad moderna, con su racionalización del espacio, su control del tiempo y su estetización de lo visible, no tiene lugar para estos cuerpos desplazados. Se diseñan bancos que no permiten tumbarse, fuentes que no se pueden usar, plazas sin refugio. El espacio se vuelve excluyente, el urbanismo deviene instrumento de exclusión social.
El sinhogarismo no es un accidente, ni un fallo técnico: es un producto lógico del sistema económico, político y simbólico que habitamos. Es la forma última del abandono. Pero también, y esto es crucial, es una forma de resistencia silenciosa. Quien duerme en la calle no desaparece del todo. Está ahí, obstinadamente presente, recordándonos que el derecho a existir no debería estar condicionado por la propiedad, el consumo ni la productividad. Las personas sin hogar no solo sufren la exclusión social: la hacen visible. Y esa visibilidad, por dolorosa que sea, es una forma de verdad.
No basta con compadecerse ni con donar limosnas. Es necesario repensar la comunidad desde otros parámetros, donde el derecho a la vivienda no sea un privilegio sino un derecho real, donde la política no sea sólo gestión sino cuidado, donde el otro no sea un estorbo sino parte de un nosotros ampliado. Mientras eso no ocurra, cada persona sin hogar será un espejo roto en el que se reflejan nuestras propias fracturas colectivas.
Ilustraciones generadas por IA,con el doble propósito de mantener la intimidad y no estigmatizar.
Conxi Far
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