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Como ciudadanos somos corresponsables de la gestión de los servicios públicos de nuestro país, comunidad autónoma, ciudad, pueblo o barrio. Corresponsables, al menos, en conocer qué se hace con el dinero de nuestros impuestos y cómo nos van a afectar las leyes que los representantes públicos legislan y ejecutan. Cierto es que en España no hay demasiada cultura política en este sentido, ya pudimos comprobarlo en el 15M. Lo de interesarse en conocer cómo funciona el cotarro no va con nosotras, o con la gran mayoría, somos más bien de dejar que los dirigentes jueguen con nuestras vidas. Y visto que su juego no es limpio ¿por qué seguimos resistiéndonos a obtener una información veraz de las decisiones políticas que nos afectan? ¿Por qué, en general, interesa más con quién se acuesta fulanito o el vestido de menganita en la boda de zetanita que los Presupuestos Generales del Estado?
El día 23 de diciembre del pasado año, la Presidenta de la Comunidad de Madrid registró un proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración. Según informan algunas organizaciones civiles y la oposición, se hizo sin publicidad y saltándose todos los procedimientos. Con fecha 16 de febrero, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el texto y lo remitió a la Asamblea de Madrid para su debate y votación en marzo. La norma, conocida como Ley Ómnibus, modificará entre 31 y 33 leyes y 5 decretos sobre medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, transporte y ser/vicios sociales entre otras materias. Además, introduce 15 nuevas disposiciones.
Desde su presentación en la Asamblea de Madrid, la norma ha recibido hasta 600 alegaciones y más de 50.000 firmas solicitando su paralización. Más de 50 colectivos afectados, entre los que se encuentran asociaciones ecologistas, vecinales, urbanistas, de defensa del patrimonio cultural, de defensa de la sanidad pública, sindicatos, asociaciones del taxi, de la EMT, de defensa de la vivienda, de consumidores y de educación, se han manifestado en varias ocasiones en contra de la citada ley. Aun así, la ley parece que va a salir adelante con el voto positivo de los 78 escaños que suman PP y Vox en la Asamblea de Madrid.
Cierto es que mientras escribo este artículo las cosas pueden dar un vuelco significativo, ya que los acontecimientos en la Comunidad de Madrid cambian a una velocidad de vértigo y, por otro lado, teniendo en cuenta los últimos destapes del gobierno local, no está mal sospechar un poco de la urgencia de sacar la ley.
El texto cuenta con 215 páginas que hoy día se pueden leer en la web de la Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/2._anteproyecto_ley_omnibus_texto_completo_21-12-2021_0.pdf
Algunos de los efectos más polémicos de la ley son los que afectan a la ordenación del territorio, el medio ambiente y la sanidad pública. En el caso de la ordenación del territorio, se modifica la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo al otorgar al Consejo de Gobierno la potestad de decidir si un proyecto tiene o no “alcance regional”. Esto significa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid será quien decida si un suelo (protegido o no) es urbanizable sin necesidad de fundamentar su utilidad pública o interés social. Se transfiere a empresas privadas unas funciones de responsabilidad y concepción netamente públicas, como es la tramitación de licencias y declaraciones responsables urbanísticas o la inspección de actos de uso del suelo y edificación. Esto, a simple vista, dará luz verde a más especulación, menos protección del territorio y una ausencia total de proyectos sociales y responsables.
En cuanto al medio ambiente, hay una reducción de la protección de las especies vegetales de flora silvestre, tanto las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, como las que no lo están. Desprotección del arbolado de especies no protegidas con el consiguiente aprovechamiento comercial de las mismas. Se favorece el uso urbanístico y comercial de los Parques Regionales y se facilita la caza en zonas de máxima protección.
Por su parte, la sanidad pública, bastante estrujada por las decisiones de los últimos años del Gobierno de Madrid, con esta ley quedará totalmente desprotegida, ya que se establece la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria que estaría regulada por el derecho privado. Esto significa que estaría fuera del control parlamentario y ciudadano. Además, esta agencia participaría del capital de las empresas a las que contrata dando cabida a una financiación que incluye donaciones privadas de entidades y particulares. Esto impulsaría (aún más) la privatización, donde priman los beneficios frente al derecho a la salud, y abriría aún más la puerta a la corrupción.
“Vamos a vender Madrid como si fuera la última Coca-Cola en el desierto” dijo el pasado enero Isabel Díaz Ayuso en Fitur. Y no mintió.
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