La llegada de migrantes a España ha provocado que algunos empresarios se aprovechen de la situación de necesidad de estas personas para explotarlas laboralmente, y si bien, personas que nunca han disfrutado de derechos laborales no entiendan que como trabajadores disfrutan de una serie de derechos, no les exime de poder disfrutarlos. Viviendo en un país democrático donde existe una serie de garantías constitucionales, debería ser el Estado el que velara por el bienestar de estas personas, que desde el mismo momento en el que adquirieron su permiso de residencia cuentan con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos del país.
