Hay algo extraordinariamente raro ocurriendo en el periodismo contemporáneo. Tan raro, de hecho, que uno empieza a preguntarse si estamos ante un fenómeno político, económico, cultural o simplemente ante una de esas bromas pesadas que la Historia organiza de vez en cuando para comprobar si seguimos prestando atención.
La situación, simplificando mucho, es la siguiente: cada vez más periodistas, presentadores y comunicadores desaparecen de sus puestos por razones aparentemente normales. No hay escándalos monumentales. No hay policías entrando en redacciones. No hay libros ardiendo en plazas públicas. No hay censores con uniforme.
Simplemente ocurren cosas.
Àngels Barceló se marcha.
Pepa Bueno deja una responsabilidad.
Jesús Cintora pierde espacios.
Stephen Colbert anuncia el final de una etapa.
Don Lemon abandona una cadena.
Y cada uno de esos movimientos viene acompañado por explicaciones razonables, educadas y perfectamente presentables.
De hecho, si uno escuchara únicamente las versiones oficiales, llegaría a la conclusión de que vivimos en el periodo más normal de la historia de los medios de comunicación. Todo son reorganizaciones. Reestructuraciones. Nuevos retos profesionales. Adaptaciones estratégicas. Optimización de recursos.
Confieso que cada vez que leo una nota de prensa de este tipo me ocurre algo parecido a lo que siento cuando alguien me dice: «Tenemos que hablar». Técnicamente puede tratarse de una conversación perfectamente inocente. Estadísticamente, sin embargo, la experiencia demuestra que conviene empezar a preocuparse.
Personalmente, cada vez que escucho la expresión «optimización de recursos» imagino a un ejecutivo entrando en una habitación con la misma sonrisa tranquilizadora con la que un dentista dice: «No va a notar absolutamente nada».
Y, como ocurre en el dentista, generalmente es mentira.
Sin embargo, reducir el asunto a una cuestión de lenguaje sería demasiado sencillo. Porque detrás de todos esos eufemismos hay una pregunta que aparece una y otra vez, como una gotera que nadie consigue reparar del todo.
¿Por qué tanta gente tiene la sensación de que determinadas voces encuentran hoy más dificultades para mantenerse en el espacio público?
No estoy hablando necesariamente de censura en el sentido clásico del término. La palabra «censura» tiene algo incómodo porque nos obliga a pensar en dictaduras, prohibiciones y persecuciones. Nos obliga a imaginar a un señor con uniforme decidiendo qué puede leer el resto de la población. Y lo cierto es que la mayoría de las democracias occidentales no funcionan así.
Pero tampoco parece razonable fingir que todo es fruto del azar.
Tomemos el caso de Àngels Barceló.
Cuando se anunció su salida de la SER ocurrió algo fascinante. La explicación oficial apenas había comenzado a circular cuando miles de personas empezaron a preguntarse qué había pasado realmente. Lo interesante no era que surgieran rumores. Los rumores forman parte de la condición humana desde que el primer homo sapiens miró a otro homo sapiens y pensó: «Aquí hay algo que no me están contando».
Lo interesante era la velocidad con la que aparecieron las sospechas. Daba igual la ideología del oyente o su relación con el programa. Tanto quienes escuchaban a Barceló cada mañana como quienes apenas la seguían parecían compartir una misma reacción instintiva. La sensación de que la explicación oficial no agotaba toda la historia.
La respuesta, en consecuencia, era casi automática:
—Vale. ¿Y ahora me cuentas la versión de verdad?
Y ésa es una frase terrible para cualquier medio de comunicación.
Porque cuando una sociedad deja de confiar en las explicaciones oficiales, el problema ya no afecta únicamente a la persona que se marcha. Afecta a la institución que intenta explicar por qué se marcha.
En el caso de Barceló aparecieron informaciones sobre posibles discrepancias con la dirección de PRISA respecto a cuestiones editoriales, colaboradores y orientación de la cadena. Nada de eso demuestra por sí mismo una operación de censura. Pero tampoco puede ignorarse que millones de personas consideraron perfectamente plausible esa posibilidad.
Y quizá ahí resida una de las claves de nuestro tiempo.
El problema ya no es demostrar que existe censura. El problema es que hemos llegado a un punto en el que una parte importante de la sociedad considera creíble que exista.
Algo parecido ocurre cuando se habla de Pepa Bueno, de Ana Pastor o de Jesús Cintora. Cada caso tiene sus matices, sus circunstancias y sus explicaciones particulares. Sin embargo, cuando se observan en conjunto, producen una sensación difícil de ignorar. La sensación de que determinadas voces, especialmente aquellas identificadas con posiciones progresistas, socialdemócratas o críticas con el auge de ciertas corrientes conservadoras, parecen encontrarse cada vez más a menudo en medio de polémicas relacionadas con su permanencia en determinados espacios.
¿Significa eso que existe una gran operación coordinada?
Probablemente no.
Las grandes conspiraciones tienen un problema fundamental: requieren un nivel de organización que la especie humana rara vez demuestra poseer. Basta intentar organizar una cena entre diez amigos para descubrir que coordinar voluntades es una de las tareas más difíciles del universo conocido.
Sin embargo, descartar cualquier reflexión sobre estas cuestiones porque no existe una conspiración perfectamente documentada resulta igual de ingenuo.
Porque la realidad rara vez funciona mediante conspiraciones.
La realidad funciona mediante incentivos.
Y los incentivos suelen ser mucho más eficaces.
De hecho, los incentivos tienen una ventaja extraordinaria frente a las conspiraciones: nadie necesita sentarse en una habitación oscura para organizarlos. Nadie tiene que acariciar un gato blanco mientras diseña el futuro del periodismo occidental. Basta con que suficientes personas compartan los mismos intereses económicos, políticos o reputacionales para que determinadas decisiones parezcan inevitables. Lo inquietante de los incentivos es precisamente que no necesitan un villano. Les basta con un sistema.
Durante años nos contaron una historia muy bonita sobre el mercado. Según aquella teoría, la competencia generaría pluralidad; la pluralidad produciría debate; y el debate acabaría creando ciudadanos mejor informados. Era una idea elegante, casi poética. La libertad surgiría espontáneamente del interés económico.
El problema es que las teorías suelen comportarse magníficamente en los libros y bastante peor cuando aparecen los accionistas, los anunciantes, las fusiones empresariales y los departamentos de gestión de crisis.
De repente, la conversación pública empezó a parecerse menos a una asamblea democrática y más a una reunión de propietarios preocupados por el valor de sus acciones.
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Y es aquí donde conviene recordar una observación de George Orwell, que definió el periodismo como la actividad de publicar aquello que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás, escribió, son relaciones públicas.
La frase sigue resultando incómoda porque plantea una cuestión elemental.
Si nadie se molesta por lo que dices, ¿estás realmente cuestionando algo?
Naturalmente, el poder político sigue intentando influir en los medios. Lo ha hecho siempre. Lo hacía cuando gobernaban unos y lo hace cuando gobiernan otros. Esperar que un gobierno renuncie voluntariamente a controlar el relato es como esperar que un gato vea una caja de cartón y decida ignorarla. No está en su naturaleza.
Sin embargo, mientras discutimos sobre políticos y medios, ha ocurrido algo aún más interesante.
Ha aparecido internet.
Y, como tantas veces sucede con los avances tecnológicos, la realidad ha resultado bastante más compleja que la publicidad.
Recuerdo perfectamente cómo nos vendieron internet. Iba a democratizar la información, derribar jerarquías y construir una conversación global donde cualquiera podría expresarse libremente. Básicamente nos prometieron una mezcla entre la Biblioteca de Alejandría, la Enciclopedia Británica y un festival indie donde todo el mundo compartiría ideas mientras sonaba buena música de fondo.
Lo que obtuvimos fue algo más extraño.
Obtuvimos acceso instantáneo al conocimiento.
Obtuvimos herramientas extraordinarias para aprender.
Obtuvimos posibilidades de comunicación que habrían parecido magia en 1995.
Y también obtuvimos la capacidad de destruir la reputación de un desconocido antes de que terminara de desayunar.
Porque internet no sólo democratizó la palabra. También democratizó el castigo. Y aunque solemos celebrar con entusiasmo la primera revolución, hablamos bastante menos de la segunda. Tal vez porque resulta difícil reconocer que las mismas herramientas que amplían nuestra libertad pueden convertirse también en instrumentos extraordinariamente eficaces de presión colectiva.
Y esa segunda revolución ha cambiado profundamente la relación entre periodistas, opinión pública y poder.
Antes, para ejercer presión sobre una voz incómoda, hacía falta una institución poderosa. Hoy basta una multitud suficientemente enfadada. Y lo más curioso es que casi nadie reconoce este fenómeno cuando participa en él.
Nosotros no cancelamos.
Nosotros exigimos responsabilidades.
Nosotros no presionamos.
Nosotros defendemos principios.
Los otros son los intolerantes.
Los otros son los censores.
Los otros son el problema.
Es una historia extraordinariamente reconfortante.
Y precisamente por eso merece cierta desconfianza.
Christopher Hitchens observó que el trabajo de quien piensa consiste en decirle a la gente aquello que no quiere oír. Lo fascinante es comprobar lo poco que nos gusta cuando alguien se toma en serio esa tarea.
Porque, en realidad, todos somos apasionados defensores de la libertad de expresión mientras protege opiniones que consideramos razonables. El entusiasmo disminuye notablemente cuando la libertad ampara ideas que nos parecen equivocadas, molestas o directamente irritantes.
Entonces empiezan los matices.
Los reglamentos.
Las excepciones.
Las normas.
Los protocolos.
Y, casi sin darnos cuenta, comenzamos a explicar por qué, en este caso concreto y excepcional, quizá sería mejor que determinada persona hablara un poco menos.
Por eso me preocupa menos quién es la próxima víctima de una polémica mediática que el clima general que se está instalando.
Porque el verdadero problema quizá ya no sea la censura.
Quizá sea el miedo.
No el miedo espectacular de las novelas distópicas.
No el miedo heroico de las dictaduras.
Un miedo mucho más discreto.
Más elegante.
Más eficiente.
El miedo a perder un empleo.
El miedo a perder una audiencia.
El miedo a perder seguidores.
El miedo a convertirse en tendencia.
El miedo a quedarse solo.
Hannah Arendt advirtió que la libertad de opinión carece de sentido cuando los hechos dejan de importar. A esa observación quizá podríamos añadir otra: la libertad de expresión empieza a debilitarse cuando demasiadas personas aprenden a calcular las consecuencias de hablar.
Porque entonces aparece la autocensura.
Y la autocensura es probablemente la obra maestra del poder.
No necesita prohibiciones.
No necesita tribunales.
No necesita policías.
Le basta con una pregunta.
Una pregunta pequeña.
Una pregunta aparentemente inocente.
«¿Merece la pena decir esto?»
Y cuando suficientes personas empiezan a formularse esa pregunta antes de hablar, la conversación pública comienza a encogerse. Lo hace lentamente, sin grandes escándalos, igual que una fotografía pierde color con el paso de los años hasta que un día descubrimos que casi todo es gris.
Llegados a este punto, la cuestión deja de ser si estamos de acuerdo con Àngels Barceló, con Stephen Colbert, con Pepa Bueno o con cualquier otra figura pública.
Ésa no es la pregunta importante.
La pregunta importante es otra.
¿Somos capaces de defender el derecho a hablar de quienes nos resultan incómodos?
Porque resulta muy fácil defender a quienes piensan como nosotros. Lo complicado es defender a quienes nos contradicen, a quienes nos irritan o a quienes nos obligan a replantearnos certezas que considerábamos inamovibles.
Ahí es donde se pone a prueba una sociedad abierta.
No cuando protege el consenso.
Sino cuando protege el desacuerdo.
Rosa Luxemburg lo expresó de forma insuperable cuando escribió que «la libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente».
No de quien piensa igual.
No de quien nos cae bien.
No de quien confirma nuestras certezas.
Precisamente de quien las cuestiona.
Y quizá por eso el silencio moderno resulta tan difícil de identificar. No llega derribando puertas ni quemando libros. Llega sonriendo. Llega razonando. Llega explicando. Llega asegurando que todo es perfectamente normal.
Y tal vez sea precisamente eso lo que debería preocuparnos.
Quizá por eso ya casi nadie necesita prohibir nada. Resulta mucho más eficiente conseguir que la gente aprenda sola cuáles son los temas seguros, las opiniones rentables y las preguntas que conviene no formular si uno quiere conservar la silla, el micrófono o la columna de los domingos.
Es una solución elegante. Limpia. Moderna.
Y precisamente por eso debería preocuparnos.
Porque, al final, lo preocupante no es que desaparezcan las voces incómodas.
Lo preocupante es que nos acostumbremos a su ausencia.
