Lejos del estruendo mediático que destaca los episodios más visibles de violencia, existe otra violencia (más silenciosa, más estructural) que organiza la vida cotidiana y determina quién puede hablar, qué medidas son aceptables y qué castigamos como “terrorismo” o “vandalismo”. Partiendo de lecturas como La forja de un rebelde (Arturo Barea) https://www.rtve.es/play/videos/la-forja-de-un-rebelde/ y de la sociología crítica, este artículo propone mirar las similitudes entre aquel periodo prebélico y la configuración actual del poder. Una concentración de hegemonías (jurídica, administrativa, económica, mediática y tecnológica) que neutraliza las demandas colectivas y convierte la protesta social en un problema de orden público en lugar de un síntoma político. Lo que sigue es un intento de ofrecer claves para entender, debatir y, si se quiere, actuar.
La guerra silenciosa: hegemonías y violencia institucional
La violencia tiene formas múltiples, y la más perniciosa no siempre hace ruido. No es solo la porra, la carga policial o la quema de escaparates, hay una violencia cotidiana que opera mediante la ley, la burocracia, el acceso al crédito, la propiedad y la capacidad de influir en la agenda pública. Esta violencia formal e institucional está anclada en hegemonías, quienes controlan el poder judicial, las grandes empresas, los medios, las plataformas tecnológicas y los mercados financieros determinan qué es legítimo y qué no. En el contexto español y global actual observamos que estas hegemonías funcionan como redes entrelazadas, el poder económico nutre redes mediáticas que producen consensos; el aparato administrativo y judicial legitima decisiones que priorizan la acumulación de capital y las fuerzas de seguridad actúan para sostener ese orden. El resultado es una asimetría clara, la capacidad de violencia legítima está sesgada hacia los poderes concentrados, mientras que las resistencias populares quedan etiquetadas como desorden o radicalismo.
La analogía con Barea no es una frase literaria sino una herramienta interpretativa, antes de la guerra, ciertos discursos y mecanismos favorecían la reproducción de privilegios y ocultaban procesos de desconexión social. Hoy pasa igual, pero con herramientas nuevas (algoritmos, financiarización, marketing político) que complejizan la observación y hacen más urgente la interpretación sociológica.
¿Por qué la socialdemocracia frena la movilización?
La socialdemocracia contemporánea actúa con frecuencia como estabilizadora del sistema. No me refiero a una acusación ad hominem sino a una crítica basada en efectos. Cuando la izquierda institucional administra parches (transferencias, reformas tímidas, políticas mitigadoras), reduce la energía de movilización social al ofrecer “mejoras” que no alteran las estructuras fundamentales. Como señalaban pensadores anarquistas y comunistas libertarios (Alexander Berkman, Emma Goldman) y lo confirman análisis contemporáneos, esas reformas pueden funcionar como válvulas de seguridad que desactivan conflictos sistémicos.
Eso no invalida la necesidad de políticas públicas con rigor ni la utilidad de la gestión; lo que critica es la lectura que presenta a la socialdemocracia como alternativa transformadora cuando su papel real es, en muchos casos, reproducción ordenada del capitalismo. El efecto cultural es también clave, la narrativa de “estamos un poquito mejor” inocula apoliticismo y resignación.
El relato dominante y la criminalización de la protesta
Los aparatos mediáticos y políticos construyen marcos interpretativos. Cuando una huelga o una manifestación incomoda, la estrategia dominante suele ser personalizar la protesta, exagerar lo conflictivo y desplazar la atención de las causas estructurales hacia episodios aislados. Se transforma un conflicto de intereses en un problema de orden público o de seguridad, y con ello se legitima la represión y la deslegitimación moral de la protesta.
La técnica es sencilla y eficaz: etiquetar, ridiculizar y judicializar. En términos de poder simbólico (Bourdieu), quien controla la producción de discursos tiene ventaja para definir lo que es sensato, moderado o extremista. Así, las fuerzas conservadoras y de extrema derecha (con posiciones de influencia en judicatura, prensa y redes) despliegan una doble estrategia, por un lado, imponer la narrativa y, por otro, mantener intactas las estructuras que generan desigualdad.
Para quienes se movilizan, esto significa que no basta con tener razón, hay que disputar la interpretación pública, evidenciar la violencia institucional y hacerlo desde relatos comprensibles. Por eso planteo que la confrontación política debe combinar visibilidad, organización y pedagogía social.
Confrontar y cuidar: autodefensa, organización y política
Propongo dos niveles de respuesta complementarios: la acción directa y la construcción institucional y cultural a largo plazo. Sobre el primero, digo esto con claridad, cuando las élites disciplinan con impunidad, la autodefensa y la confrontación organizada adquieren sentido político. No hablo de violencia indiscriminada ni de legitimación del terrorismo (lo que ocurre en la calle muchas veces es reacción a una violencia estructural) sino de poner límites, proteger espacios comunitarios y hacer visible la cara que el poder prefiere ocultar.
La autodefensa no puede ser un gesto espontáneo y disperso; debe integrarse en prácticas de autorganización, en asambleas de barrio, redes de apoyo mutuo, cooperativas, plataformas de vivienda, comités de seguridad comunitaria, formación en derechos y documentación de abusos. La protección del vecindario, la solidaridad práctica y la defensa colectiva son políticas que reducen la capacidad del aparato para criminalizar y fragmentar.
En paralelo, la estrategia institucional, ganar cotas de poder local (ayuntamientos, mancomunidades), incidir en políticas públicas con rigor técnico y científico, presentar propuestas claras y transparentes, y construir instituciones alternativas (cooperativas, fondos municipales de vivienda, banca pública local). Esto exige paciencia y estrategia (los cambios son lentos y a largo plazo) pero su combinación con la presión en la calle hace sostenible la transformación.
Finalmente, la batalla cultural, educar desde la sociología pública, hacer accesibles conceptos complejos (hegemonía, violencia estructural, capital social), y narrar historias locales que muestren alternativas. Aquí la comunicación es clave, contar la realidad de forma que la ciudadanía reconozca sus causas y posibilidades colectivas.
Referentes teóricos y ejemplos prácticos
Varios autores nos ayudan a leer lo que sucede. Pierre Bourdieu, con su análisis del poder simbólico y los habitus, explica cómo las estructuras moldean percepciones y prácticas; Hannah Arendt reflexionó sobre la relación entre violencia y poder (no toda violencia genera poder, pero el poder sin límites termina recurriendo a la violencia legitimada); o Charles Tilly nos recuerda que la acción colectiva emerge cuando se reducen los costes y se crean repertorios de protesta viables.
En la praxis, podemos aprender de experiencias diversas como las comunas y experimentos de autogestión (en Aragón o en otros contextos), las redes de apoyo mutuo de movimientos sociales recientes, o iniciativas municipales que han revertido desahucios mediante coordinación entre vecindario y organizaciones. No hay una receta única, pero sí principios repetidos, solidaridad material, estrategias jurídicas combinadas con presión pública y narrativas que expliquen lo estructural.
Tecnología: herramienta o mecanismo de dominio
La tecnología es ambivalente. Puede democratizar información y facilitar la organización, pero también concentra poder y permite vigilancia, manipulación algorítmica y captura económica. Reivindicar una tecnología al servicio de la vida implica exigir gobernanza pública de datos, derechos digitales y plataformas cooperativas. Las soluciones tecnológicas deben pasar por la desmercantilización de infraestructuras clave y por marcos regulatorios que prioricen el bien común.
Una propuesta mínima de hoja de ruta
- Visibilidad: documentar de forma rigurosa la violencia institucional (datos, testimonios, informes).
- Organización local: construir redes barriales que provean servicios básicos, asesoramiento legal y contención.
- Estrategia comunicativa: traducir análisis sociológicos a lenguaje cotidiano, desmadrar los marcos dominantes y proponer relatos alternativos.
- Incidencia institucional: entrar en espacios municipales y regionales con propuestas concretas (vivienda, remunicipalización de servicios, banca pública local).
- Educación política: talleres, radios comunitarias, artículos, escuelas de ciudadanía.
No es lineal: exige tensión entre presión externa y construcción institucional. No se trata de romantizar la confrontación, sino de reconocerla como herramienta legítima en un contexto de desigualdad sistémica.
Ética del conflicto y horizonte común
Criticar la pasividad no es celebrar la violencia. Es afirmar que hay una ética del conflicto que diferencia la defensa colectiva de la violencia instrumental del poder. Poner la vida en el centro (la salud comunitaria, la vivienda digna, el cuidado mutuo) exige disputar hegemonías y herramientas que hoy favorecen la acumulación y la impunidad.
Si la metáfora de Barea nos sirve para ver réplicas históricas, la sociología pública nos da dispositivos conceptuales y prácticos para intervenir. Hacerlo implica valentía, organización y paciencia. Pero también una apuesta clara. El mundo que queremos no cabe en parches; es necesario construirlo desde abajo, con rigor y cuidado. Y esa construcción comienza por nombrar la violencia que hasta ahora hemos normalizado.
