Las consecuencias del paso de la petrolera Chevron por la Amazonía ecuatoriana permanecen como testimonio latente de su avaricia e irrespeto por la vida. En uno de los ecosistemas más sensibles y megadiversos del planeta, hogar de varios pueblos ancestrales, esta multinacional derramó durante 28 años, de manera sistemática, más de 19 millones de galones de residuos tóxicos y 17 millones de galones de crudo sobre una extensión de más de 2 millones de hectáreas. Lo hizo por una simple razón: maximizar sus beneficios.

Pero, ¿cómo pudo esta compañía ocasionar tanto daño durante un tiempo tan extendido, sin que nadie le exigiera detener esas prácticas tan destructivas? Para intentar contestar a esta pregunta, echamos la mirada hacia atrás para averiguar cómo Chevron inicia sus operaciones y logra mantenerse en Ecuador, a pesar de que estaba ocasionando el peor desastre ecológico de la historia.

Contando un poco de historia

Antes de que Texaco ingresara al país, en 1963, un régimen militar derrocó al gobierno democrático de Carlos Julio Arosemena Monroy, acusándolo de ser afín a la Revolución Cubana. Este golpe militar recibió el beneplácito de los EEUU que durante esos años, para neutralizar la propagación de movimientos de izquierda en la región, impulsó la ALPRO (Alianza para el Progreso). Esta iniciativa, que prometía otorgar créditos a los países democráticos para fomentar la libre empresa, en la práctica buscaba apoyar la penetración de las grandes multinacionales norteamericanas en América Latina. En agosto de 1961, Ernesto “che” Guevara, durante la reunión en Punta del Este del Consejo Interamericano Económico y Social, criticó frontalmente esta iniciativa, señaló que la ALPRO era más bien un mecanismo para que Latinoamérica financiara a los monopolios extranjeros. No tuvo que pasar demasiado tiempo para que la historia demostrara el acierto de sus apreciaciones.

Texaco ingresó a Ecuador en este contexto, auspiciada por el nuevo gobierno de facto, que anticipaba orgullosamente a la opinión pública la inauguración de una época de bonanza sin precedentes. En 1964 la compañía Texaco Petroleum Company, después de negociaciones opacas con el gobierno de la Junta Militar, obtiene una concesión de 1’431.450 hectáreas para explorar y explotar petróleo en la región norte de la Amazonía ecuatoriana. La actividad petrolera era un tema central en aquellos días, la ocupación y usufructo de los territorios de la Amazonía serían también una herramienta de negociación en una larga disputa limítrofe con el Perú.

El inicio de la explotación, el inicio de la agresión

La explotación inició en 1964 y duró 28 años. El procedimiento para el tratamiento de los desechos, consistió en verter las aguas tóxicas, producto de la extracción, en piscinas construidas sin ningún criterio técnico directamente en la selva. Además estas piscinas siempre se ubicaron cerca de esteros y arroyos para evacuar por estas vías los residuos tóxicos en caso de desbordamiento.

Texaco fue totalmente consciente del daño que estaba ocasionando en todo momento y, aun así, mantuvo la misma actitud hasta el final de sus operaciones. Quizás lo más indignante es que habían patentado la tecnología necesaria para reinyectar estas aguas tóxicas al subsuelo y disminuir considerablemente la contaminación, sin embargo, nunca las utilizaron.

El Gobierno debía haber aplicado auditorías ambientales. Antes de proceder al cierre de los pozos era necesaria la presencia de técnicos del Estado para verificar que no existan daños ambientales, y de haberlos, supervisar la reparación de los mismos. Nunca se realizaron estas auditorías, sin embargo, Chevron tiene en su poder sendas certificaciones para cada pozo cerrado. Evidentemente, la multinacional incentivó la corrupción dentro de las instituciones que debían controlar sus actividades ¿quien emitió esos certificados sin haber procedido a la verificación pertinente?

Algunas consecuencias

 Las urbes cercanas, que se transformaron en centros logísticos al servicio de las compañías extractivas, fueron invadidas por los operarios que trabajaban en los pozos, así como por quienes llegaron buscando participar de alguna manera de las ganancias que generaba esta actividad1. La masculinización de este territorio generó ciertas presiones sociales para la creación de espacios lúdicos y de ocio que pronto degeneraron en lugares que servían para el consumo de alcohol y la práctica de la prostitución. Ciudades como Sushufindi y Lago Agrio vieron como sus índices de delincuencia se disparaban a niveles sin precedentes.

Los pueblos ancestrales que vivían en las zonas donde operó la petrolera fueron desplazados tanto por la contaminación como por la confrontación directa que terminó con la ocupación efectiva de sus territorios. A los pueblos Siona, Cofán, Waorani y Kichwa nadie les había alertado del inicio de estas actividades ni sobre las posibles consecuencias. El Gobierno de la Junta militar declaró gran parte de sus territorios como “zona de exploración y de interés nacional”.Chevron, de esta manera, se vio apoyada por la institucionalidad del Estado, que le otorgó la legitimidad necesaria para actuar con plena impunidad en la zona.

El pueblo Cofán, a través de su testimonio, narra cómo un día empezaron a morir sus niños y como fueron desplazados por el terrible daño ambiental. En esas condiciones, el sostenimiento de la vida era imposible. Sus formas de ser, de sentir, su relación con el entorno, así como sus ciclos vitales y su cosmovisión, fueron despreciados y agredidos. En 1956 la comunidad Cofán contaba con 15000 miembros, como consecuencia de las actividades extractivas hoy en día solo encontramos a unos cuantos cientos de cofanes en un solo asentamiento muy cercano a las zonas de extracción. Fue un etnocidio. ¿Cómo es posible cuantificar este daño y reparar este desastre?

Los campesinos de la zona no pueden mantener ningún tipo de agricultura, el nivel de contaminación simplemente no lo permite. Las aguas tóxicas hacen que los animales perezcan y las plantaciones no den cosecha. Además, los daños a la salud son nefastos. Se han detectado más de 3000 casos de cáncer, que son aproximadamente el 10% de toda la población de la zona. Este es un índice altísimo para cualquier parte del mundo y más aún en esta zona en la que estos índices siempre han sido muy bajos. Lo más dramático es que las víctimas, en su gran mayoría, son personas muy jóvenes, de entre 14 y 25 años. Existen casos de familias en donde la abuela, la madre y la nieta son víctimas de esta enfermedad. En 10 años, muchas de estas personas perderán su vida.

La avaricia sin medida y el irrespeto total hacia la vida que ha demostrado esta compañía, ha ocasionado un daño sistémico en este territorioLas actividades extractivas afectaron y dañaron (y lo siguen haciendo) en mayor o menor medida, absolutamente todos los ámbitos de la vida. Diversos daños producidos en esferas aparentemente inconexas, como el equilibrio de los ecosistemas, la corrupción de las instituciones o los altos índices de violencia, están conectados de alguna forma y deben ser apreciados y valorados de manera conjunta.

Buscando Justicia

Texaco abandonó Ecuador en 1992 totalmente impune, lo que obligó a la población afectada a organizarse: en 1993, 30.000 personas interpusieron una demanda en cortes estadounidenses en contra de esta compañía. La estrategia de Chevron fue intentar dilatar el proceso lo máximo posible e intentar llevar el juicio a Ecuador, en donde pensaban, su poderío económico les daría ventaja.

Ya tenían antecedentes de trato preferente por parte de las autoridades: en 1995 el presidente Sixto Durán Ballén firmó un contrato de remediación ambiental con Texaco, en donde la petrolera se comprometió a subsanar la contaminación que provocó en la Amazonía. Esa remediación jamás se llevó a cabo: el 63% de las piscinas ni siquiera fueron tocadas, las demás simplemente fueron cubiertas, escondidas con barro y arbustos.

En 1998, el presidente Jamil Mahuad firmó un acta de finiquito, en donde certificaba que la remediación se había cumplido. Este documento decía en una de sus cláusulas: “los trabajos previstos en el plan de reparación ambiental a ser ejecutados se cumplieron casi en su totalidad”. Con esta cláusula, se pretendía liberar a Chevron de cualquier responsabilidad por la contaminación que había producido en la Amazonía y sobre todo protegerla, para que en un futuro, el Estado ecuatoriano no pudiera demandar a Chevron por sus crímenes.

Durante la década de los 90 la mayor prioridad de Ecuador fue pagar la deuda externa. El monto dedicado a este pago ascendía al 51% del Presupuesto General del Estado. Siguiendo los lineamientos económicos del FMI, Sixto Duran Ballén y Jamil Mahuad aplicaron duros programas de ajuste estructural, recortando servicios públicos como educación y sanidad. Al mismo tiempo, Ecuador buscaba atraer toda la inversión extranjera posible, por lo que era necesario mostrar una imagen amigable a los inversores. La pretensión de privatizar activos del Estado ecuatoriano motivó la firma de esta acta de finiquito. El mensaje era claro: Ecuador no iba a poner barreras a los grandes negocios privados, serían bienvenidos.

Finalmente, en 2003, Chevron consiguió que el proceso se trasladase a la corte de Sucumbíos, en Ecuador. En 2011 el juicio inicia después de 8 años de espera. Chevron pensó que se encontraría con una “república bananera” en donde la posibilidad de sobornar a los jueces sería su garantía de éxito en la querella. Lo que no sabían es que con los años iba a llegar a Ecuador un proceso de recuperación de las instituciones, una revolución ciudadana que devolvió la dignidad a la palabra justicia. Por fin en 2011, Chevron fue condenada a pagar 9000 millones de dólares por sus crímenes y 9000 millones más si no reconocía públicamente su culpa.

Esta sentencia fue ratificada en dos ocasiones, sin embargo, la agresión continúa: en 2013 Chevron denunció al Estado ecuatoriano ante el Tribunal Arbitral de La Haya para que se anule esta sentencia. Acusó a los afectados de oportunistas y a Ecuador de tener un sistema de justicia corrupto. Por más increíble que parezca, luego de haber agredido de manera tan terrible a los pueblos amazónicos y al Estado ecuatoriano, ahora Chevron está gastando ingentes cantidades de dinero en sendas campañas de desprestigio contra las víctimas y contra el Estado ecuatoriano.

El 12 de marzo de 2015, el Tribunal Arbitral de La Haya emitió un laudo interino en el que se resuelven 3 cosas importantes en favor de Ecuador:

1) Los daños que originaron el juicio fueron en contra de las personas, afectaron a la vida humana y al ecosistema y, a la propiedad privada de los demandantes.

2) Chevron defendía que los contratos firmados con los gobiernos ecuatorianos en 1995 y 1998 prohibía o limitaba a los demandantes ecuatorianos o a terceros a seguir acciones legales en su contra. El tribunal rechazó este argumento, ya que ningún Estado, por mucha autoridad que tenga, puede negociar con derechos de terceros.

3) Chevron buscó demostrar que, cuando el juicio se trasladó a Ecuador era diferente, y los demandantes no tenían el derecho de plantearlo ya que no tenían jurisdicción. El Tribunal resolvió que es el mismo juicio y que la petrolera no tiene razón en su argumento

El caso Chevron demuestra que es posible perseguir y juzgar los crímenes cometidos por poderosos capitales financieros. Aunque aún no se ha conseguido el pago de la sentencia, se está sentando un gran precedente en contra de la impunidad. Ésta lucha es la respuesta de los pueblos dignos del mundo que han sido agredidos por un sistema perverso que privilegia la avaricia asesina de las compañías multinacionales. Que esta lucha sea un referente para que otros levanten su voz.

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Thais Becerra Mayor

César Sánchez Arcos

Imágenes cedidas por UDAPT (union de afectados por la petrolera texaco)

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