En un contexto saturado de información, opinión rápida y ruido permanente, conviene volver a lo esencial: cómo vivimos. La vivienda, el acceso al espacio público o la permanencia en el barrio no son cuestiones secundarias, sino el núcleo de la desigualdad urbana contemporánea. Ahí se juega quién puede quedarse y quién tiene que irse.
Desde la sociología pública, esto implica una tarea incómoda pero necesaria: nombrar aquello que se presenta como normal. Lo que se llama “evolución urbana” o “dinámica de mercado” suele esconder decisiones políticas y económicas concretas. La ciudad no es neutra. Y, sobre todo, no actúa sola.
La ciudad como campo de disputa
La sociología urbana no estudia solo edificios o barrios, sino relaciones de poder. Analiza cómo se distribuyen recursos, oportunidades y derechos en el espacio. Quién vive dónde, en qué condiciones y con qué estabilidad. Y, sobre todo, por qué esa distribución no es aleatoria.
Henri Lefebvre ya planteó que la ciudad es una producción social. David Harvey dio un paso más al hablar del derecho a la ciudad: no solo acceder a ella, sino transformarla. Esto cambia el enfoque. No se trata de adaptarse a la ciudad existente, sino de disputar qué ciudad existe y para quién.
Aporofobia: el rechazo que organiza la ciudad
Adela Cortina lo nombra con claridad: aporofobia. No se rechaza al diferente, se rechaza al pobre. Esta idea permite entender por qué ciertos discursos urbanos (sobre inseguridad, incivismo o degradación) apuntan siempre en la misma dirección.
En la práctica, esto se traduce en exclusiones muy concretas: arquitectura hostil, vigilancia selectiva, criminalización de personas sin hogar o estigmatización de barrios. No es solo desigualdad pasiva, es una lógica activa que decide quién merece espacio, visibilidad y permanencia.
Estas dinámicas no pueden entenderse sin el marco del capitalismo urbano. La vivienda se ha transformado (si alguna vez no lo fue) en activo financiero, el suelo en mercancía y el barrio en oportunidad de inversión. La ciudad deja de pensarse como soporte de la vida para convertirse en mecanismo de rentabilidad.
Procesos como la gentrificación, la turistificación o la financiarización no son accidentes. Saskia Sassen habla de “expulsiones” para describir cómo poblaciones enteras son desplazadas. Loïc Wacquant, por su parte, muestra que la marginalidad urbana es una producción social gestionada políticamente, no un fallo del sistema.
Violencias cotidianas que se vuelven normales
Cuando una familia no puede renovar su alquiler, no estamos ante una simple subida de precios. Estamos ante una forma de desposesión. Se pierde una casa, pero también una red, una rutina y un lugar en el mundo.
Lo mismo ocurre con la arquitectura hostil o la estigmatización territorial. Bancos que impiden tumbarse, barrios reducidos a etiquetas negativas, cierre de espacios comunitarios. Son formas silenciosas de expulsión que, al repetirse, acaban pareciendo normales.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser únicamente individual. Fortalecer redes vecinales, sostener espacios comunitarios y construir apoyo mutuo son formas concretas de resistir la expulsión. Cuando lo colectivo aparece, lo que parecía inevitable empieza a discutirse.
Defender la vivienda como derecho es central. Los sindicatos de vivienda, por ejemplo, convierten problemas individuales en conflictos colectivos. No solo negocian condiciones materiales, también transforman el lenguaje: lo que era vergüenza privada se convierte en cuestión política.
Recuperar lo público, disputar el relato
El espacio público también está en juego. Frente a su privatización o control, es necesario reivindicarlo como espacio común, de encuentro y de vida. No solo como lugar de paso, sino como lugar donde la ciudad se construye colectivamente.
Pero igual de importante es disputar el relato. Explicar que el problema no es la presencia de la pobreza, sino el sistema que la produce. Nombrar bien las cosas no resuelve todo, pero evita que la desigualdad se naturalice o se gestione desde el prejuicio.
Una de las tareas pendientes es conectar conocimiento, instituciones y territorio. Demasiadas veces, academia, administración y comunidad avanzan por separado. Sin embargo, transformar la ciudad requiere diagnósticos compartidos y herramientas útiles.
La sociología pública tiene aquí un papel clave: traducir, explicar y acompañar. No se trata solo de analizar, sino de hacer que ese análisis sirva para intervenir. Porque cuando el conocimiento se vuelve accesible, también se vuelve político.
La pregunta que incomoda
La ciudad no expulsa sola. Expulsan decisiones políticas, lógicas económicas y prejuicios que convierten la desigualdad urbana en paisaje cotidiano. Pero si la ciudad se construye, también puede transformarse.
Al final, todo se reduce a una pregunta sencilla y profunda: ¿quién tiene derecho a quedarse? El derecho a la ciudad no es una consigna abstracta, sino una disputa concreta. Y su respuesta no debería depender del mercado.
Alejandro Acosta León
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